Diputada Hernando expuso moción parlamentaria que busca unificar diversas normas
Comisión de Salud inició discusión legislativa para una Ley de Salud Mental
En Chile se consagra el derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud. Sin embargo, en la práctica no se respetan los derechos de las personas con problemas de Salud Mental y no existe una legislación específica sobre salud mental.
Comenzó la discusión legislativa en la Cámara de Diputados para que Chile cuente con una Ley de Salud Mental. Hoy existen diversas normas que hacen que la poca regulación que existe se encuentre dispersa, en vez de consagrar el derecho que tienen los ciudadanos a una atención de su integridad psíquica, como parte de la protección de su salud.
Unificación legal
La diputada Marcela Hernando (PR), fue una de las expositoras en la Comisión de Salud de la Cámara, que comenzó a tramitar dos mociones de la parlamentaria antofagastina en las que busca reconocer a las personas con padecimiento mental, a fin de resguardar los derechos fundamentales que toda persona posee. Para ello, la parlamentaria propone el establecimiento legal de una serie de derechos para terminar con las contradicciones de otros cuerpos legales y para asegurar la igualdad de trato y el acceso a la salud de personas con problemas de Salud Mental.
Bajo presupuesto
“Para todos es conocido que en el área de salud mental hay una tremenda falencia dentro del MINSAL, en donde no se dedican los suficientes recursos, y por lo tanto la cobertura en la atención y en su integralidad de salud mental es muy pobre, pero además de eso existen atropellos a muchos derechos que son parte de los derechos humanos de estos pacientes”, advirtió la diputada Hernando.
En este sentido, la médico cirujano explicó que un ejemplo de ello es hacer intervenciones quirúrgicas no consentidas en personas que se consideran que no son capaces de decidir por sí mismas, “o la esterilización involuntaria; la medicación y una serie de otras intervenciones. Por ello, la idea de legislar precisamente apunta al establecer una serie de derechos en pacientes que tienen alguna alteración mental”.
Prestaciones de salud y trato digno
El proyecto de ley de la diputada Hernando promueve el derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y a que las personas no sean excluidas por causa de su trastorno mental; así como a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo médico y los servicios especializados en salud mental. También busca establecer el derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno, que asegure el obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida.
En este sentido, Hernando plantea en la moción la necesidad de que las personas reciban un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención, “respetar la intimidad de otros pacientes, como su vida privada, libertad de comunicación, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho”, señala el texto.
Otros derechos
La congresista del Partido Radical indicó que el tener una Ley de Salud Mental, permitirá promover el derecho a un trato no discriminatorio y al consentimiento informado, en donde el paciente y su familia reciban información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. “Incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su seguridad social”, aclaró la legisladora.
SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Boletín N°10563-11
1) La salud mental en el
derecho comparado se define como un estado dinámico que se expresa en la vida
cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para
trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad.
2) En Chile, se consagra el
derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, lo que se
condice con el derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental” consagrado en el Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificado por nuestro Estado.
3) La OMS, reconoce tres formas
en que los países abordan la regulación de salud mental: en algunos se dispone
de una ley específica; en otros la regulación de salud mental se incorpora a la
legislación general de salud, trabajo, vivienda o legislación penal; y,
finalmente un tercer grupo de países combinan ambos extremos, integran
componentes de salud mental en diversas leyes a la vez que cuentan con una
legislación de salud mental específica.
4) En Chile, no existe una
legislación específica sobre salud mental, su regulación se encuentra dispersa
en diversas normas, entre ellas: Ley Nº 20.584 que regula los derechos y
deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su
atención de salud; Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad; Ley N° 20.422
que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad y; Ley N° 18.600 sobre deficientes mentales.
5) Las legislaciones en
Latinoamérica están tendiendo a establecer catálogos de derechos básicos,
reconocidos en las relaciones del paciente con enfermedad mental y las
entidades de salud. En Chile, esto aún no se observa un desarrollo legal del
referido catálogo.
6) En relación a la
rehabilitación psicosocial de los pacientes de salud mental, es un proceso que
facilita la oportunidad a individuos –que están deteriorados, discapacitados o
afectados por el handicap –o desventaja– de un trastorno mental– para alcanzar
el máximo nivel de funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la
vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de cambios en el
entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible para la gente que ha
experimentado un trastorno psíquico, o que padece un deterioro de su capacidad
mental que produce cierto nivel de discapacidad. La Rehabilitación Psicosocial
apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y
sociedades, y la minimización de discapacidades, dishabilidades y handicap,
potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir satisfactoriamente en
la comunidad.
7) Pero si estos procedimientos
de rehabilitación no son contrapuestos con derechos fundamentales básicos de
los pacientes, podrían ser incluso más dañinos que favorables al producto
final. Sumando que en muchos de los tratamientos históricamente los pacientes
son tratados como objetos de experimentación, perdiendo la esencia de la
persona o perdiendo derechos de libertades ambulatorias sin sus consentimientos.
8) Es por esto que la Salud
Mental, debiese ser de interés y prioridad nacional siendo tema principal de
salud pública, y componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas.
9) Según el Manual de Recursos
sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación (2006) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), los derechos
humanos constituyen una de las bases fundamentales para la legislación de salud
mental. Se reconocen como derechos y principios más relevantes: “la igualdad,
la prohibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía
personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del
ambiente menos restrictivo de la libertad
y los derechos a la información y a la participación”.
10) Según el Informe Universidad
Católica de 2014, “Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud
Mental en Chile: marco legislativo de promoción y protección de los grupos de
mayor vulnerabilidad y riesgo”, la legislación vigente sobre salud mental es
insuficiente tanto para abordar adecuadamente su problemática y desafíos, como
para brindar efectiva protección a los derechos de los pacientes.
11) En el mismo sentido, el Observatorio de
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental, ha sostenido que las
leyes existentes en la materia, incumplen los estándares internacionales
fijados por Naciones Unidas y por la Organización Mundial de Salud. Sus
conclusiones se citan en el Informe sobre “Sistema de Salud Mental de Chile”,
del Ministerio de Salud, 2014, elaborado por la Universidad de Chile.
12) Ejemplo de ello es que en
Chile, se permite someter al paciente a tratamientos invasivos e irreversibles,
como esterilización con fines contraceptivos o psicocirugía, previo informe
favorable del comité de ética del establecimiento, cuando al paciente no le es
posible manifestar su voluntad. Ello se contrapondría con el estándar de la
OMS, según el cual, si el paciente con discapacidad mental no puede otorgar su
consentimiento en estos casos, entonces el procedimiento no puede efectuarse
(Observatorio de Derechos Humanos).
13) La hospitalización no voluntaria se desarrolla
en normas reglamentarias, no establece límites de tiempo sino que entrega
discrecionalmente la decisión al médico tratante (Informe UC). El estándar de
la OMS indicaría que debe existir una autoridad independiente (judicial o cuasi
judicial) para supervisar las hospitalizaciones involuntarias y otras
restricciones de derechos, contando con una instancia de apelación
(Observatorio de Derechos Humanos).
14) Es por esto que el actual
proyecto de ley, pretende abordar un catálogo de derechos básicos de los
pacientes de Salud Mental, a fin de resguardar sus Derechos Fundamentales y
Esencia que toda persona posee.
PROYECTO DE LEY
El Estado, además de los Derechos consignados en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros
instrumentos internacionales, Constitución Política, y la Ley sobre derechos y
deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su
atención de salud, reconoce a las personas con padecimiento mental los
siguientes derechos:
1. Derecho a recibir atención integral e integrada
y humanizada por el equipo humano y los servicios especializados en salud
mental.
2. Derecho a recibir información clara, oportuna,
veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud,
diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método,
duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las
secuelas, de los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las
circunstancias relacionadas con su seguridad social.
3. Derecho a recibir la atención especializada e
interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de
acuerdo con los avances científicos en salud mental y ajustada a los principios
éticos.
4. Derecho a que las intervenciones sean las menos
restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente, promoviendo
la integración familiar, laboral y comunitaria.
5. Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con
los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener
resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida.
6. Derecho a recibir psicoeducación a nivel
individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. Y
a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares,
otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe.
7. Derecho a no ser identificado, discriminado o
estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención en salud mental
actual o pasada.
8. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el
sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de su trastorno
mental.
9. Derecho a que el padecimiento mental no sea
considerado un estado inmodificable
10. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el
consentimiento informado para recibir el tratamiento.
11. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni
tratamientos experimentales sin su consentimiento fehaciente e informado.
12. Derecho a recibir un tratamiento personalizado
en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, a la confidencialidad de la
información relacionada con su proceso de atención, respetar la intimidad de
otros pacientes, como su vida privada, libertad de comunicación, siendo
reconocido siempre como sujeto de derecho.
13. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad
14. Derecho a ser informado de manera adecuada y
comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente a su salud
y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las
alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el
paciente se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales.
15. Derecho a no ser sometido a trabajos forzados
MARCELA HERNANDO PÉREZ
H.DIPUTADA DE LA REPÚBLICA
Establece normas de
reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con
enfermedad o discapacidad mental
Boletín N°10755-11
La evidencia indica que las
enfermedades mentales poseen una alta prevalencia en Chile y el mundo. Su relevancia
es tal que la Organización Mundial de la Salud ha propiciado su incorporación
como un elemento transversal en el diseño de políticas de salud, señalando que
"no existe salud si no hay salud mental".
Diversas estimaciones muestran
que las patologías psiquiátricas representarán un 13% de la carga global de
enfermedad para el año 2030 y serán responsables de aproximadamente un tercio
del costo total de las enfermedades no transmisibles, unos US$15 trillones.
Chile no es una excepción.
Los problemas
de salud mental constituyen la principal
fuente de carga de enfermedad de nuestro país según el último estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible, que señala que un 23,2% de los años de vida perdidos
por discapacidad o muerte (AVISA) tienen origen en condiciones neuro-psiquiátricas[1]. Los trastornos psiquiátricos
constituyen la primera causa de incapacidad transitoria entre los beneficiarios
del sistema público, así como el 20,4% de los subsidios por incapacidad laboral
de los cotizantes de ISAPRE.
Mientras
la proporción de compatriotas que ha presentado síntomas depresivos casi
duplica la de los Estados Unidos, situándose sobre el 17%, se estima que más
del 3% de la población presenta trastornos psiquiátricos graves. Menos de la
mitad de ellos acceden a tratamiento.
Para hacerse cargo de esta situación
Chile ha llevado a cabo un conjunto de acciones. Entre otras destaca la
suscripción de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, la promulgación de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e
Inclusión Social de Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos y Deberes de
los Pacientes. Del mismo modo, nuestro país ha dado vida a Planes de Salud
Mental elaborados por el Ministerio de Salud que orientan la asignación de
recursos públicos a mejorar el bienestar y salud mental de la población (Véase
Primer y Segundo Plan Nacional de Salud Mental[4]).
Sin embargo, este conjunto de cuerpos
jurídicos e instrumentos programáticos resultan absolutamente insuficientes al
analizar la realidad de las políticas de salud mental en Chile. Desde una
perspectiva presupuestaria el déficit es evidente. Mientras el Plan de Salud
Mental propone destinar a este campo el 5% del total del presupuesto del
sector, el gasto total apenas alcanza al 2,1% de éste. Los aspectos preventivos
de una política de salud mental han sido evidentemente descuidados. La atención
en la comunidad o el medio han sido priorizados sin contar con la cobertura ni
el tratamiento para los problemas más complejos, en tanto se ha descuidado la
atención institucional y se han cerrado camas psiquiátricas. De un total de 80
Garantías Explícitas en Salud, ninguna de ellas incluye patologías mentales en
niños y niñas. Las políticas sectoriales de recursos humanos no han considerado
la capacitación adecuada en esta materia ni el apoyo que debe entregarse a
quienes se desempeñan con pacientes afectados por discapacidades mentales y sus
familias.
Sin perjuicio de la importancia que
reviste el que la autoridad aborde cada una de las cuestiones señaladas, este
proyecto de ley pretende hacerse cargo en particular de una variable crítica
para el desarrollo de una política de salud mental en Chile: la ausencia de
una legislación que proteja adecuadamente los derechos humanos de las personas
con enfermedad o discapacidad mental.
Chile es uno de los pocos países del
mundo que no dispone de una legislación específica en salud mental que proteja
los derechos de las personas con discapacidad o enfermedades mentales[5].
En Latinoamérica, ya hacia el año 2005, un 75% de los países contaban con
Legislación en Salud Mental para reconocer y proteger los derechos humanos
básicos de este colectivo calificado por la Organización Mundial de la Salud
como especialmente vulnerable[6].
Peor aún, la normativa vigente en Chile[7] desconoce estándares mínimos de protección de derechos
humanos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones
Unidas[8].
Ejemplo de ello es lo que ocurre con la inexistencia de mecanismos
independientes del sistema público de salud capaces de hacer cumplir la
legislación en aspectos tan cruciales como los tratamientos y hospitalizaciones
involuntarias. Tampoco existen mecanismos para que los usuarios dispongan de
asesoría legal y puedan presentar apelaciones sobre las medidas tomadas contra
su voluntad[9].
El derecho fundamental a la vida e integridad física y psíquica de las personas
es vulnerado mediante tratamientos invasivos e irreversibles -como la
esterilización con fines contraceptivos o psicocirugía- que es posible realizar
en nuestro país aun cuando el paciente no haya manifestado su voluntad. De
igual forma, el régimen de hospitalización involuntaria - tratado en normas
reglamentarias - no es capaz de proteger adecuadamente contra los abusos y la violación
del derecho a la libertad personal y seguridad individual de este grupo humano.
Ni la libertad personal, ni la
integridad física y psíquica de las personas con Discapacidad o Enfermedad
Mental está garantizada en Chile pues tenemos una legislación que regula
incorrectamente la internación involuntaria, permite el sometimiento a
tratamientos médicos invasivos e irreversibles sin consentimiento, desconoce el
derecho a la autonomía personal y la presunción de capacidad de este grupo
humano, así como su derecho a la no discriminación. Ello nos sitúa en una
posición de manifiesto incumplimiento de lo establecido en la Convención
Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo (ratificado el 29 de julio de 2008) que pretende “…asegurar y
promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad”.Por ello,
podemos afirmar que “…la legislación que se encuentra vigente en
nuestro país está en clara contravención a los principios de la CDPD y sus
disposiciones concretas…”[10].
Este proyecto de ley busca corregir
esta situación y tiene sus orígenes en el trabajo iniciado con un conjunto de
investigadores de la Pontificia Universidad de Chile, en el marco del Programa
de Políticas Públicas de esa institución, el que se tradujo en el Informe
“Avanzando al desarrollo de una propuesta de Ley de Salud Mental en Chile:
marco legislativo de promoción y protección de los grupos de mayor
vulnerabilidad y riesgo”. Dicha investigación motivó a su vez
la constitución del denominado Grupo de Tarea en Salud Mental, que con el
patrocinio del Colegio Médico de Chile A.G., el Centro de Extensión del Senado
y la Biblioteca del Congreso Nacional, desarrollara en Noviembre de 2015 en el
Salón de Honor del Senado en el ex Congreso Nacional de Santiago el Seminario
“Desafíos para la construcción de una Política de Salud Mental en Chile”, parte
de cuyas conclusiones son recogidas en este proyecto de ley.
Esta moción recoge además, al menos
parcialmente y en un ámbito tremendamente sensible, el llamado de la
Organización Mundial de la Salud en el sentido de contar con una legislación
sobre Salud Mental que “codifique y consolide los principios fundamentales, los
valores, los propósitos y los objetivos de las políticas y los programas de
Salud Mental”[12],
de modo de asegurar la protección de quienes, afectados por trastornos
mentales, viven en situación de vulnerabilidad enfrentando estigma, discriminación y marginalización, así como la
violación de sus derechos fundamentales. Por último, La moción profundiza
contenidos considerados en el proyecto Boletín 10563-11 sobre protección de la
Salud Mental de autoría de la Diputada Sra. Marcela Hernando junto a las
Diputadas Karol Cariola, Loreto Carvajal y Cristina Girardi, además de los
Diputados Marcos Espinosa, Iván Flores, Enrique Jaramillo, Fernando Meza,
Alberto Robles y Victor Torres.
En síntesis, este proyecto de ley busca
hacer posible la garantía judicial de los derechos humanos reconocidos en la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad o Enfermedad Mental,
particularmente sus derechos a la libertad y seguridad, a la integridad física
y psíquica, a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes, así como su derecho al cuidado sanitario, siguiendo el camino
trazado por normativa internacional y comparada como la española, argentina,
mexicana y colombiana, entre otras.
PROYECTO DE LEY
DEL RECONOCIMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
O DISCAPACIDAD MENTAL
TITULO 1°
Disposiciones
generales
ARTÍCULO 1º.- Esta ley tiene por finalidad reconocer
y garantizar los derechos fundamentales de las personas con Enfermedad o
Discapacidad Mental, en especial, su derecho a la libertad personal, a la
integridad física y psíquica y su derecho a cuidado sanitario.
El pleno goce de los derechos humanos
de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental se garantiza en el marco
de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes. En ese
contexto, se consideran parte integrante de la presente ley los Principios de
Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el
Mejoramiento de la Atención de Salud Mental,
adoptado por la Asamblea General
en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración
de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización
Mundial de la Salud para la Reestructuración de la AtenciónPsiquiátrica dentro de los Sistemas Locales
de Salud, del 14 de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia Rectores
para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en las Américas del 9 de
noviembre de 1990. Todos estos instrumentos constituyen fuente de los derechos
fundamentales que a continuación se reconocen a todas las personas con
Enfermedad o Discapacidad Mental.
ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de la presente ley se
entiende por Enfermedad Mental toda alteración de los procesos cognitivos y
afectivos estimados normales en relación con el grupo socio-cultural de la
persona. Puede manifestarse en trastornos del razonamiento, del comportamiento,
de la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la
vida.
A su turno, se entiende por
Discapacidad Mental la limitación psíquica o de comportamiento que dificultan
la comprensión de los propios actos, implica dificultades para la ejecución de
acciones o tareas comunes y la participación del sujeto en situaciones vitales.
La Enfermedad y Discapacidad mental puede ser transitoria o permanente, lo que
será definido con criterios clínicos y supervisado, cuando lo requiera el
paciente o su representante legal, por la autoridad competente.
Para el diagnóstico de la Enfermedad o
Discapacidad mental debe tenerse presente que la salud mental está determinada
por factores culturales, históricos, socio-económicos
y biológicos que suponen una dinámica de construcción
social esencialmente evolutiva.
ARTÍCULO 3º.-En el marco de los Derechos consignados
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás
normas relacionadas elaboradas por la Organización Mundial de la Salud, se
reconocen como derechos básicos de las personas con Enfermedad o Discapacidad
Mental el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la
participación, libertad y autonomía personal, la prohibición de tratos crueles,
inhumanos y degradantes y el principio del ambiente menos restrictivo de la
libertad personal.
ARTÍCULO 4º. Se presume que toda persona es capaz.
La discapacidad cognitiva por si sola no descalifica a la persona para dar
consentimiento informado. Como regla general, se debe considerar que todos los
adultos son competentes para dar consentimiento informado, independientemente
de su diagnóstico o condición,
a menos que haya evidencia de incapacidad mental severa que deteriore el juicio
y raciocinio calificada por los tribunales competentes.
No puede hacerse un diagnóstico de
salud mental en base exclusiva al grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de
pertenencia, así
como por su elección o identidad sexual. Tampoco será determinante el sólo
antecedente de previa hospitalización o tratamiento sicológico o psiquiátrico. La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental
no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad.
ARTÍCULO 5º.- El Estado promoverá la atención en
salud mental interdisciplinaria, con personal debidamente capacitado y
acreditado por la autoridad sanitaria competente. Se incluyen las áreas de psiquiatría, psicología,
trabajo social, enfermería y demás disciplinas pertinentes.
El proceso de atención debe realizarse
con preferencia en la atención primaria y fuera del ámbito de internación hospitalaria, con personal
interdisciplinario y encaminado al reforzamiento y desarrollo de los lazos
sociales, la inclusión y la participación del paciente en la vida social.
ARTÍCULO 6º.- Todo tipo de intervención médica se
rige por el principio del consentimiento informado, en los términos
establecidos en la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen
las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, de
modo que las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental tienen derecho a
recibir toda la información diagnóstica
y terapéutica necesaria a través de los medios y tecnologías adecuadas para su
comprensión.
TITULO 2°
De los derechos fundamentales de las
personas con Enfermedad o Discapacidad Mental
ARTÍCULO 7º.- Todo aquel que viva con Enfermedad o
Discapacidad mental gozará de los derechos fundamentales que la Constitución
Política garantiza a todas las personas. En especial se les reconocen los
siguientes derechos:
a) A ser reconocido siempre como sujeto
de derecho y a que se respete su vida privada, libertad de comunicación y
libertad personal.
b) A no ser sometido a tratamientos
invasivos o irreversibles sin su consentimiento, a menos que a criterio del
equipo de salud mediare situación de riesgo grave e inminente para sí o para
terceros y su representante legal haya dado su autorización. Con todo, el
procedimiento de esterilización no podrá efectuarse sin consentimiento del paciente.
c) A ser informado de manera adecuada y
comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo relacionado a su
condición de salud y tratamiento, según las reglas que rigen el consentimiento
informado. Los sujetos cognitivamente impedidos forman una población heterogénea de pacientes que pueden tener, en
grados variables, deterioradas sus capacidades para dar un consentimiento
informado válido de modo que, si existen dificultades de entendimiento, el
consentimiento lo darán los familiares, tutores o el representante legal y sólo
se considera válido el consentimiento entregado en estado de lucidez y con
comprensión de la situación.
d) A acceder siempre a su ficha y
antecedentes clínicos, personalmente, o por su representante o abogado. No se
podrá negar nunca este derecho al paciente.
e) A que un juez autorice y supervise,
periódicamente, las condiciones de una internación involuntaria o voluntaria prolongada,
así como a contar con una instancia
judicial de apelación. Si en el transcurso de la internación voluntaria el
estado de lucidez bajo el que se dio el consentimiento se pierde, se procederá
como si se tratase de una internación involuntaria.
f) A recibir atención sanitaria
integral y humanizada a partir del acceso igualitario y equitativo a las
prestaciones necesarias para asegurar la recuperación y preservación de la
salud. A recibir una atención ajustada a principios éticos.
g) A recibir tratamiento y a ser
tratado con la alternativa terapéutica más
conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la
integración familiar, laboral y comunitaria.
h) A ser acompañado antes, durante y después del
tratamiento por sus familiares o por quien el paciente mental designe.
i) A no ser objeto de investigaciones
clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente dado
personalmente o por su representante legal, previa autorización del Comité de Ética correspondiente. Siguiendo
los lineamientos dados por la Declaración de Helsinki, las personas con
ausencia de capacidad para dar consentimiento sólo pueden ser incluidas en
proyectos que investiguen opciones terapéuticas para su enfermedad o condición
y siempre que su representante legal lo autorice y el Comité de Ética evalúe positivamente la relación
“riesgo-beneficio” de modo que haya expectativas razonables de beneficio
directo con un nivel de riesgo minimizado y aceptable.
j)
A que su padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable.
k)
A ser remunerado por su participación en actividades realizadas en el
marco de la labor-terapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos, obras o servicios que
sean comercializados.
ARTÍCULO 8º. La
prescripción de medicación
sólo debe responder a
las necesidades fundamentales
de la persona con
padecimiento mental y
se administrará exclusivamente con
fines terapéuticos
y nunca como castigo,
por conveniencia de
terceros, o para
suplir la necesidad de
acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de
medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales
pertinentes y nunca de forma automática.
TITULO 3°
De la naturaleza y requisitos de la
internación
ARTÍCULO 9º. La internación es un procedimiento
terapéutico que restringe el derecho a la libertad personal y que sólo se
justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos que el resto
de las intervenciones posibles dentro del entorno familiar, comunitario o
social del paciente. Se promoverá el mantenimiento de vínculos y comunicación
de los pacientes internados con sus familiares y su entorno laboral y social.
ARTÍCULO 10º. La internación, en tanto medida
excepcional, debe ser especialmente breve y fundarse en criterios terapéuticos
con mirada interdisciplinar. De ningún modo el recurso de la internación podrá
indicarse para dar solución a problemas sociales o de vivienda.
ARTÍCULO 11º. La internación involuntaria afecta el
derecho a la libertad personal de las personas con Enfermedad o Discapacidad
Mental, de modo que deberá siempre ser autorizada y revisada por el juez de la
Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21
de la Constitución.
La internación involuntaria sólo procederá cuando no sea posible un
tratamiento ambulatorio y exista una situación real de riesgo cierto e inminente
para el paciente o para terceros. Para que el juez pueda autorizar la
internación involuntaria es necesario que:
a) Exista un dictamen profesional del
servicio asistencial que recomiende la internación, con la firma de dos
profesionales de diferentes disciplinas, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico
psiquiatra. Los profesionales no podrán tener relación de parentesco, amistad o
vínculos económicos con el paciente.
b) Ausencia de otra alternativa eficaz
para el tratamiento del paciente o la protección de terceros;
c) Informe acerca de las instancias
previas implementadas, si las hubiera.El juez deberá notificar su resolución a
la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Nacional y Regional
de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a la que se
refiere la Ley 20548.
ARTÍCULO
12°.- En el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios sólo podrá
realizarse una internación involuntaria si a criterio del equipo de salud
mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
La
internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente
en un plazo de DOCE (12) horas al juez competente y al órgano de revisión
dejándose constancia del cumplimiento de las garantías establecidas en el
artículo 11.
Una
vez notificado, en un plazo de TRES (3) días, el juez deberá:
a)
Autorizar la internación si considera que están dadas las causales previstas en
esta ley;
b)
Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar
peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento;
c)
Denegar la internación en caso de evaluar que no existenlos supuestos
necesarios para dicha medida, en cuyo caso debe asegurar la externación de
forma inmediata.
ARTÍCULO 13º. La persona internada involuntariamente
o su representante legal tienen siempre el derecho a nombrar un abogado. Si el
paciente o su representante legal no lo hubieran hecho, el Estado deberá
proporcionarles uno desde el momento de la internación. El paciente o su
abogado podrán oponerse a la internación y solicitar al juez la externación en
cualquier momento.
El paciente tendrá siempre derecho a
ejercer sus derechos jurisdiccionales para lo cual el juez deberá garantizar un
proceso contradictorio de ser necesario, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Auto acordado de Recurso de Protección.
El juez deberá denegar la internación involuntaria si evalúa que no existen los supuestos
necesarios para la medida, en cuyo caso deberá asegurar la externación de forma
inmediata.
ARTÍCULO 14º. La persona internada bajo su
consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el término de la
internación. Cuando la internación voluntaria se prolongue por más de 60 días, la Comisión Nacional de protección
de los derechos de las personas con enfermedades mentales, y el equipo de salud
a cargo, deberá comunicarlo al juez para que éste evalúe, en un plazo no mayor de cinco días
desde la toma de conocimiento, si la internación sigue teniendo carácter
voluntario o si ha de considerarse involuntaria. En este último caso, será necesario que se cumpla con los
requisitos y garantías establecidos en el artículo 11.
ARTÍCULO 15º.
El alta o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no
requiere autorización del juez. El equipo de salud o la Comisión Nacional de
protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, deberán
externar a la persona o transformar la internación en voluntaria apenas cese la
situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o terceros. Dicha
situación deberá informarse a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a
la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con
Enfermedad Mental.
ARTÍCULO 16º. Habiéndose autorizado la internación
involuntaria, el juez habrá de solicitar informes con un lapso no mayor a 30
días, a fin de reevaluar si perduran los motivos que dieron origen a la medida,
pudiendo en cualquier momento disponer su inmediata externación.
Transcurridos 90 días desde el inicio
de la internación involuntaria, y luego del tercer informe, el juez deberá
pedir a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con
Enfermedad Mental que designe un equipo interdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio
asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio,
se optará siempre por la que
menos restrinja la libertad personal del paciente.
ARTÍCULO 17º. Con el fin de garantizar los derechos
humanos de las personas con Enfermedad o Discapacidad Mental, los integrantes,
profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de
informar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud y a la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con
Enfermedad Mental sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un
trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de
su autonomía. El funcionario podrá actuar bajo reserva de identidad, sin miedo
a represalias y sin que se considere que ha incurrido en violación del secreto
profesional. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal
responsabilidad si la situación irregular persistiera.
ARTÍCULO 18º.El tratamiento de los Pacientes con
Trastornos Mentales o Discapacidad Mental se realizará con apego a Estándares
de Atención que garanticen:
1. Un número adecuado de profesionales
requeridos para tratamientos en la salud primaria y en los hospitales, de
acuerdo a estándares internacionales;
2. La certificación de las competencias
de los profesionales a cargo de la Salud Mental, así como la revalidación de
dichas competencias;
3. La evaluación de la calidad y
pertinencia de los centros formadores de profesionales, en relación con las
competencias profesionales requeridas para tratar debidamente a los pacientes
con trastornos mentales.
4. Que se proporcione a los pacientes
con trastornos o discapacidad mental un tratamiento en base a la mejor
evidencia científica disponible, a criterios de costo-efectividad y con un
abordaje biopsicosocial.
5. Que las instalaciones de atención
ambulatoria y hospitalaria cumplan con los requerimientos internacionales.
6.
La incorporación
de familiares que puedan dar asistencia especial y/o participen del tratamiento
si ello es requerido por sus médicos tratantes, especialmente en el caso de los
pacientes mentales menores de edad.
SERGIO
ESPEJO YAKSIC
H.
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA
[1] 2ª Encuesta Nacional de Salud Chile,
MINSAL-PUC, 2010.
